Organizadores de cacerías ilegales en Asturias se enfrentan a 4 años y medio de cárcel
Ecologistas en Acción ha pedido penas de cárcel, que van desde un año y medio hasta cuatro años y medio de prisión, inhabilitación para la caza y órdenes de alejamiento de zonas protegidas para los miembros de una banda de furtivos que organizaba cacerías ilegales de cabras montesas, osos y lobos, en Asturias, Madrid, Murcia y Toledo, además de la Sierra de Gredos. El juicio contra este grupo ha concluido este jueves en Plasencia (Cáceres). Las “numerosas pruebas” presentadas a lo largo de la semana han “confirmado” el carácter “de organización criminal de la banda”, según Ecologistas en Acción, que se persona “como acusación particular” en la causa. Los integrantes de la banda, con antecedentes penales por este tipo de actividades, “ofrecían la caza ilegal en montes públicos o privados de especial protección medioambiental y cinegética”, según ha informado el colectivo.
Esta banda operaba especialmente en la Sierra de Gredos y sus estribaciones, pero también actuaba en otros puntos, como Montes de Toledo, Madrid, Asturias o Murcia. Sus integrantes trasladaban a sus clientes a los lugares de caza o se encargaban de hacerles llegar a casa los “trofeos”, es decir, las cabezas y cornamentas.
Juicio en Plasencia
Tres de los miembros de esa banda se han sentado esta semana en el banquillo de los acusados del juzgado de Plasencia y junto a ellos lo han hecho otras tres personas, procedentes de Málaga, que participaron como clientes en una “cacería ilegal” organizada en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, en el Valle del Jerte (Cáceres). Ecologistas en Acción, en su escrito de conclusiones, ha pedido entre cuatro años y medio y un año y medio de prisión; multas económicas; inhabilitación para el ejercicio de la caza, de entre diez y dos años; y que los acusados no puedan acercarse a menos de 500 metros “de zonas especialmente protegidas”.
Asimismo, desde el comienzo de las vistas, este pasado martes, se han presentado “numerosas pruebas inculpatorias” y los cargos de tenencia ilícita de armas y de delitos contra la flora y fauna “parecen demostrados” en opinión del abogado de Ecologistas en Acción, Juan Manuel López. También se ha confirmado que el grupo operaba como “una organización criminal” y que contaba “con un núcleo duro asentado en la localidad de Candeleda” (Ávila).
Por su parte, la estrategia de los abogados defensores ha sido la de ofrecer el pago de multas para evitar el ingreso en prisión de los defendidos.
Asimismo, ante la gravedad de los delitos, la recurrencia de las actividades ilegales y el carácter organizado de la banda, “resulta fundamental que se pidan penas ejemplarizantes”, a juicio de los ecologistas. La “insistencia” del colectivo ha provocado que el Ministerio Fiscal “modificara su petición al alza y no se aviniera a un acuerdo con la defensa”.
