El PP se ha enterado de la denuncia ante la Fiscalía por seis delitos “por la prensa”

pleno diputación presupuestos 2015

C.J. Domínguez

El Partido Popular en la Diputación de León, amenazado por una denuncia de varios funcionarios de la institución por la comisión de seis presuntos y posibles delitos penales presentada ante la Fiscalía de León por la política de personan el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), no tiene noticia del asunto. Al menos así lo afirmó hoy su portavoz, Jaime González, quien insistió en que únicamente conocen la maniobra judicial “por la prensa”, en referencia a lo publicado por iLeon.com.

“No tenemos noticias, hemos leído la prensa pero aquí nada ha llegado”, reconoció González en el Pleno celebrado hoy a preguntas de Matías Llorente. Sin embargo, insistió en que “defendemos lo que entendemos que es legal” respecto a la provisión de varios puestos de alta responsabilidad en el SAM, y aunque el portavoz considera que es muy posible que el asunto que amenaza penalmente a todos los diputados del PP se quede en nada, por si acaso insistió en recordar que todo lo aprobado respecto a estos puestos “siempre ha sido en base a informes técnicos”.

Al término de la sesión, González explicaba que, dando por hecho que lo publicado por iLeon.com es cierto, no es un asunto que provoque especial preocupación entre el PP del Palacio de los Guzmanes. Por de pronto, “la Fiscalía todavía podría archivarlo, y si no lo hiciera pasaría al Juzgado correspondiente, que de nuevo podría darle carpetazo”.

Y sólo en el caso de que la denuncia presentara en ambos casos “indicios de ilícito penal” llegaría la primera comunicación a la institución. Pero confió en que esto no se produzca, a pesar de que gran parte de los numerosos contenciosos interpuestos por aquellos puestos que ahora deberá valorar la Fiscalía ya han sido ganados por los funcionarios denunciantes, a los que por cierto “ni siquiera conocemos”, llegó a aseverar el portavoz popular.

La demanda que ha originado todo este revuelto atribuye a todo el equipo de gobierno del Partido Popular en la institución, incluidos el actual presidente y el anterior, Emilio Orejas y Marcos Martínez, respectivamente, los presuntos delitos de prevaricación, falsificación de documento público, malversación, fraude, tráfico de influencias y coacciones.

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