La diputada y ex alcaldesa de Mansilla, primera imputada por la macrodenuncia penal de funcionarios
El delicado caso judicial contra todo el equipo de Gobierno del Partido Popular en la Diputación de León, con la excepción de la sustituta de Isabel Carrasco, y el expresidente Marcos Martínez Barazón por la presunta comisión de seis graves delitos penales por sus decisiones de contratación de personal en el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) ya está plenamente en marcha.
Tanto que ya hay tres 'víctimas' en calidad de imputados, una de ellas la aún diputada provincial y ex alcaldesa de Mansilla de las Mulas, Mari Paz Díez, que acaba de tomar posesión como concejala y portavoz del PP en este Ayuntamiento. Los otros dos imputados, que tendrán que acudir a declarar en calidad de tal, son el arquitecto coordinador-técnico José María Alvado, al que el PP ha situado de manera insistente en ese puesto aún con numerosos contenciosos perdidos -la última vez a escasas horas antes de las elecciones municipales- y Ana Belén Cosmen, jefa del Servicio. Contra estas tres imputaciones cabe recurso de reforma.
El Juzgado de Instrucción número 2 de León, que abrió diligencias previas e iniciado los primeros interrogatorios y solicitudes de pruebas documentales tras la denuncia interpuesta por varios funcionarios de la propia institución, ha citado a la política responsable del SAM y a los dos funcionarios afines al PP el próximo mes de septiembre y lo ha decidido muy pocos días despues de admitir a trámite la mutidenuncia por la presunta comisión de seis graves delitos, como son prevaricación, falsificación de documento público, malversación de fondos, fraude, tráfico de influencias y coacciones, por un caso de posible moobing contra uno de los denunciantes.
La denuncia, que fue primero presentada en la Fiscalía Provincial, como informó en exclusiva iLeon.com, y el pasado 13 de mayo se interpuso directamente en los juzgados leoneses, se basa en las presuntas irregularidades cometidas por el equipo de Gobierno popular en el Palacio de los Guzmanes por la manera de mantener en los tres puestos más importantes del SAM a tres determinados funcionarios afines, tanto que según la denuncia alguno de ellos es ex alto cargo del PP provincial.
La responsabilidad más directa se dirige contra la diputada Mª Paz Díez, desde este sábado exalcaldesa de Mansilla de las Mulas, por ser la responsable directa del área, aunque como es lógico apunta también de manera directa a los dos últimos presidentes de la institución: el actual, Emilio Orejas, y su polémico antecesor, Marcos Martínez Barazón, hoy expulsado del PP pero aún diputado no adscrito y alcalde electo del Ayuntamiento de Cuadros, incurso en la Operación Púnica de corrupción y sobre el que por este motivo pesan otros cinco delitos penales según ha ordenado la Audiencia Nacional.
La lista de denunciados continúa por todos los vicepresidentes de la institución, Francisco Lupicinio Rodrigo, José Antonio Velasco y Miguel Ángel del Egido, así como a los diputados Francisco Javier García Álvarez, Teodoro Martínez, Raúl Valcarce, Mª Isabel Fresno, y el portavoz del grupo, Jaime González, todos ellos miembros de la Junta de Gobierno del PP. Y finalmente, los funcionarios denunciantes apuntan a José Manuel Blanco, Miguel Ángel Robla y Jose Manuel Moro, por su participación en acuerdos del Pleno. Del PP tan sólo quedaría fuera de esta ofensiva judicial Manuela García Robles, por entenderse que no ha participado en todas las decisiones denunciadas, dado que entró en la Corporación sólo tras el asesinato de Isabel Carrasco.
Un nuevo nombramiento 'exprés' a 5 días de las elecciones
Según la denuncia primero en Fiscalía y ahora en el Juzgado, la actuación de los diputados conservadores consistió en nombrar a tres determinados funcionarios afines para que ocuparan los tres puestos de máxima responsabilidad del SAM: Jefa del SAM, jefe de Sección-Coordinación de la Unidad de Asesoramiento y arquitecto-coordinador técnico.
En este último caso, además, el equipo de gobierno puso en marcha “un procedimiento exprés para nombrar definitivamente como arquitecto” a José María Alvarado antes de las elecciones, nombrándolo a falta de menos de 5 días para la jornada electoral, pese a mediar denuncia de falsedad documental para entregarle el puesto, además de denuncias del mobbing practicado contra el denunciante, así como denuncias por el pago de sueldo al arquitecto mencionado pese a estar anulada por el Juzgado de lo Contencioso una entrega previa del puesto“, explican los trabajadores impulsores de esta ofensiva judicial. Y es que en los últimos años, sus constantes denuncias en vía de contencioso han tenido pleno éxito, consiguiendo reiteradas sentencias desfavorables a las pretensiones del PP que sin embargo han hecho oídos sordos.
¿Conexión San Isidro y Operación Púnica?
El mencionado arquitecto, según los denunciantes, ha participado activamente con actuaciones técnicas en la estación invernal de San Isidro “mientras estuvo en su etapa anterior como arquitecto coordinador técnico en comisión de servicios, antes de ser anulado este nombramiento por el Juzgado de lo Contencioso”. Entre otros expedientes, estaría el desmantelamiento urgente deledificio generador de electricidad de los apartamentos de San Isidro “para que fuera inevitable surtirse de electricidad de Iberdrola y pagar la exorbitante cuantía que la ex presidenta Isabel Carrasco pretendía que pagaran los propietarios”. También le achacan “otras actuaciones en edificios y cafeterías que luego serían puestos a disposición de contratos investigados por la trama Púnica” que ha conllevado la cárcel e imputación para Martínez Barazón y la imputación del ex interventor de la Diputación, Jesús López.
De momento, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de León que instruye las diligencias ha ordenado el testimonio del primer funcionario denunciante, así como todo el expediente de la cobertura de la polémica plaza de arquitecto coordinador técnico del SAM y los expedientes disciplinarios abiertos contra el denunciante.
