El 'tarifazo' del parking del Hospital de León vulnera la ley de contratos públicos

Parking Hospital

Antonio Vega

Serios problemas jurídicos para el Ayuntamiento de León ante la pretensión del equipo de gobierno del Partido Popular de aprobar una subida de las tarifas de la concesión municipal del parking del Hospital de León. Un 'tarifazo' que ha generado un amplio rechazo social ya que supone una subida del 78% del precio por minuto para las estancias cortas. Aunque se otorgó incialmente el visto bueno en una comisión de Hacienda el pasado 9 de febrero, de la que luego Ciudadanos se retractó de su apoyo, vuelve a figurar en el orden del día de esa comisión de este jueves 23 de febrero. El mismo día que el equipo de gobierno anunció una reunión para intentar un acuerdo sobre la subida de tarifas.

El PP ha seguido defendiendo el 'tarifazo' argumentando que con éste se quita la denuncia que la empresa concesionaria Leocasa Inversiones, SA tiene puesta contra el Ayuntamiento de León pidiendo una indemnización de 4,4 millones de euros por permitir aparcar en la zona y retraer ingresos al parking. Aunque el portavoz del PP en el consistorio, Fernando Salguero, reconoció en rueda de prensa que no hay un informe jurídico que asegure que esa demanda se va a perder por parte del consistorio.

Un informe municipal duda la idoneidad de la aprobación del 'tarifazo' ya que el contrato del parking del Hospital debería haberse liquidado

La principal novedad para este jueves es un informe firmado por la vicesecretaria general del Ayuntamiento de León, Marta Fuertes Rodríguez, y que no existía en el expediente llevado a la comisión del pasado 9 de febrero. En un dictamen la alta funcionaria advierte que adoptar la revisión de precios “no parece correcto teniendo en cuenta que la obligación legal era acordar su resolución”. Se refiere el informe a la situación de la empresa Leocasa Inversiones, en liquidación y con la concesión a la venta. Según la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, como recuerda la vicesecretaria general del consistorio, la concesión y su correspondiente contrato deberían haberse resuelto (disuelto) en aplicación por la mera declaración de concurso de la empresa, algo que el Ayuntamiento no hizo.

Esto provoca enormes dudas jurídicas sobre la aplicación de la modificación del contrato que subiría las tarifas un 78% y recomienda la funcionaria que “no procede decidir sobre la modificación (tarifaria) hasta tanto la posición de la concesionaria quede definida”. Es más, apunta a que transcurrido un 'tiempo prudencial' “el Ayuntamiento deberá resolver el contrato conforme a la normativa aplicable”. Una resolución del contrato que, según fuentes jurídicas consultadas por ileon.com, conllevaría en todo caso derecho de indemnización para la actual titular de la concesión.

Se puede aprobar en Junta de Gobierno

Otro nuevo informe que no figuraba en el expediente del pasado 9 de febrero es uno firmado por la Técnico Adjunta del Negociado de Contratación del Ayuntamiento de León, Judith Fernández Herreros, fechado el 17 de febrero. En él se vuelve a avalar el acuerdo de las nuevas tarifas pero con la novedad expresa de que esta decisión puede aprobarse en la Junta de Gobierno municipal y no en el Pleno debido a una delegación de competencias. Esto supone que el PP podría aprobarlo saltándose al resto de partidos con representación municipal.

Hasta el próximo 28 de febrero la administración concursal de Leocasa Inversiones, SA. admite ofertas por la concesión administrativa por 40 años del parking y hotel del Hospital de León. Sus propietarios son otras dos empresas que pertenecen de forma separada a los empresarios constructores José Luis Ulibarri y Victorino González. Ulibarri es dueño del Grupo Begar y de medios de comunicación como Diario de León o Radio Televisión Castilla y León y figura como investigado (antigua figura de imputado) en la segunda fase de la trama Gürtel. González es el constructor 'enseña' de Astorga y comarca con Constructora Cepedena y otras sociedades y fue presidente de la extinta Caja España.

Según el cuaderno de venta de la concesión el polémico 'tarifazo' se traduce en un incremento de la facturación anual y los beneficios financieros del complejo en 500.000 euros. Por la concesión se pagaron 18 millones de euros y el coste total del proyecto ascendió a 52 millones.

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