El Gobierno blinda a los 'franquistas' leoneses Martín Villa y Fernando Suárez, reclamados por una jueza argentina

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ileon.com

Los exministro de Francisco Franco leoneses Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez pueden respirar tranquilos, de momento. El Gobierno de España está cumpliendo su palabra de que no les entregará ni a ellos ni a los demás 17 altos cargos del régimen político golpista reclamados por la Justicia de Argentina a través de una orden cursada a la Interpol para ser detenidos, extraditados y llevados a Buenos Aires y ser interrogados por la causa penal contra el Franquismo.

Pero esa protección que les brinda a los dos leoneses y al resto el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque crea una maraña burocrática, ni mucho menos está lejos de calmar los ánimos de las víctimas de la dictatura, cuyos abogado entregaron la semana pasada un escrito en el Ministerio de Justicia en el que denuncian que el Gobierno ha incumplido “gravemente” el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal suscrito por España y Argentina. Además, los representantes legales de las víctimas consideran que “la inactividad” del Gobierno para responder al exhorto de Argentina “podría ser constitutiva de prevaricación”.

Fernando Suárez, ex ministro leonés franquista / lne.es

De este modo, es precisamente Justicia quien está sirviendo de pantalla contra el exhorto que Argentina, en concreto de la magistrada María Servini de Cubría, quien ante la negativa de extradición pedía al menos poder viajar a España e interrogar aquí a Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez, José Utrera Molina o al torturador de la policía política franquista Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', entre otros.

Según comprobó y publicó el diario Público, el Ministerio recibió el exhorto de las autoridades argentinas el pasado 9 de marzo y a fecha de 31 de marzo aún no ha contestado por lo que resulta prácticamente imposibleque la magistrada María Servini de Cubría, que instruye la causa abierta en Argentina y que investiga los crímenes de la dictadura, pueda viajar a España entre los días 4 y 22 de abril, tal y como solicitaba la magistrada, para tomar declaración indagatoria a los 19 imputados.

El 'no' del ministro; el 'sí' de Martín Villa

El pasado mes de noviembre de 2015, el propio ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, aseguró que denegaría la petición de la Justicia argentina amparánadose en la Ley de Amnistía de 1977 y en la prescripción de los delitos que se les imputan a todos esos altos cargos del régimen franquista.

Sin embargo, Martín Villa aseguró que tiene intención de prestar declaración ante la juez María Servini, dejando claro que quiere defenderse sin usar como “parapeto” la decisión del Gobierno de no extraditar a los afectados ni tampoco la Ley de Amnistía: “Para eso tenía que haber cometido algún delito que fuera objeto de esa ley”, ha dicho.

Rodolfo Martín Villa, en la actualidad consejero del Sareb, más conocido como el 'Banco Malo', y anteriormente presidente de Endesa durante 5 años por decisión del Gobierno del PP, o comisionado del Gobierno para el desastre del hundimiento del Prestige, ostenta además el título de 'Leonés del Año', al igual que en el caso de Suárez.

La jueza considera a Martín Villa (nacido en Santa María del Páramo) responsable de “la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, y en la que hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego”.

En cuanto a Fernando Suárez (natural de León capital), se le imputa junto a Jesús Cejas Mohedano “por haber convalidado con su firma las sentencias de muerte de José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz; Juan Paredes y Ángel Otaegui Etxebarria, fusilados el 27 de septiembre de 1975”.

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