La investigación del 'caso Pokémon' de San Andrés sigue adelante pero la juez pide su traslado a la Audiencia Nacional

El llamado 'caso Pokémon' de San Andrés del Rabanedo podría acabar en la Audiencia Nacional, tras la inhibición que ha realizado la jueza que lleva la investigación del asunto, según adelantó este jueves La Nueva Crónica. La causa investiga las presuntas irregularidades desarrolladas en la ampliación del contrato del servicio de aguas del municipio, en manos de la actual empresa Aquona, y que en el año 2010 vio como pasaba a durar 50 años en vez de los 35 iniciales adjudicados a cambio de 2 millones de euros para unas obras que nunca se han ejecutado.

En este asunto se encuentran investigadas (actual figura de imputado) una funcionaria municipal, tres exconcejalas del PSOE en el Ayuntamiento durante la legislatura 2007-2011 y la actual alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, que también lo fue entre 2009 y 2011 cuando se aprobó la modificación del contrato. Izquierda Unida elevó los hechos a la Fiscalía, que a su vez instó a una investigación que recayó en el juzgado de instrucción número 5 de León en el año 2014.

Ahora la jueza se inhibe del caso en un auto al encontrar similitudes de los presuntos delitos investigados en San Andrés con la llamada 'operación Pokémon', un caso de presunta corrupción que inició su investigación en Lugo y que ahora sigue su curso en la Audiencia Nacional dado el alto número de imputados y la relevancia de los delitos que se les atribuyen. El caso aborda irregularidades en nueve municipios de Galicia, Asturias y Cataluña por los que las empresas habrían pagado de diversas formas a políticos y funcionarios a cambio de ampliaciones de contratos o falsear facturas, entre otros hechos de carácter delictivo.

La base de la inhibición de la jueza de León es un informe policial, de apenas 3 páginas, en la que señala que el vínculo en común entre la operación Pokémon y el Ayuntamiento de San Andrés es la intenvención de la empresa Aquagest (acual Aquona) y que se amplió el contrato que les unía. Señala el informe que “la modificación del contrato así como las circunstancias que parecen rodearlo, podrían apuntar a un modus operandi similar a alguno de los utilizados en la misma”. En base a ello se pide pasar el asunto a la Audiencia Nacional para que se siga investigando si hubo o no irregularidades.

Sigue la investigación en León

Pero independientemente de si el asunto cambia de manos o no el proceso judicial sigue su curso. Varias de las investigadas han presentado recurso contra la decisión de la jueza, entre ellas la alcaldesa según ha podido saber este periódico, por lo que será la Audiencia Provincial quién decida en primera instancia si se puede trasladar el caso a la Audiencia Nacional o no. Tras esa resolución, en caso de mantenerse el criterio de la jueza, sería la Audiencia Nacional la que decidiría si se acepta la causa. Un proceso que podría durar algunos meses hasta saber dónde continua la instrucción del caso finalmente.

En el próximo mes de enero seguirán los testimonios del proceso al estar citadas a declarar una trabajadora municipal y una de las imputadas, la exconcejal de Urbanismo Ana María Herrero. Ésta es la segunda vez que prestará testimonio como investigada y será para aclarar las contradicciones surgidas tras su declaración y la de la alcaldesa María Eugenia Gancedo, que responsabilizó en su entonces subordinada la actuaciones de la ampliación del contrato. La juez ha pedido un nuevo testimonio para aclarar los extremos afirmados en sede judicial por ambas.

Petición de dimisión de IU

Tras conocerse el posible traslado de la investigación a la Audiencia Nacional IU de San Andrés reclamó la dimisión de la regidora. Para su concejal Laura Fernández “estamos ante unos hechos de la máxima gravedad que confirman lo que llevamos denunciando mucho tiempo”. Por ello piden que abandone el cargo para dejar “de dañaral municipio de San Andrés del Rabanedo y a sus ciudadanos”. La formación ha pedido al resto de partidos que revisen la ampliación del contrato “que solo perjudica los intereses de San Andrés del Rabanedo”.