Los contratos para la formación se desploman los dos últimos años tras la eliminación de bonificaciones

Los contratos para la formación y el aprendizaje llevan dos años de desplome en Castilla y León y se situaban en poco más de un millar a finales de octubre de 2017, cuando en su pico máximo, 2015, superaban los 6.500 en esos diez meses, es decir, acumulaban una caída del 84 por ciento tras la eliminación de algunas bonificaciones.

Un estudio de la Secretaría de Formación de CCOO en la Comunidad, que dirige Carmen Álvarez, indica que estos contratos oscilaron significativamente durante la crisis de forma acompasada con el mercado laboral, y empezaron su recuperación en 2013 con el Real Decreto 1529/2012 que regulaba la FP Dual y estas modalidades de contratación laboral.

CCOO explica en el análisis, recogido por Ical, que en el año 2015 se registró el máximo número de contratos de formación, 6.578 hasta octubre, coincidiendo con el año en el que se establecieron bonificaciones adicionales, costes de tutoría y un incremento en la financiación en las horas de formación cuando el contrato es para jóvenes de garantía juvenil.

Las organizaciones sindicales denunciaron entonces que muchos de aquellos contratos “eran manifiestamente contrarios a los objetivos de cualificación inherentes a esta modalidad contractual” y se suprimió la financiación de la formación a distancia y la no acreditable, con un desplome del 81,3 por ciento, hasta los 1.231 en 2016.

Castilla y León siguió viendo bajar su número en 2017, pese a su uso en el marco de los programas públicos de empleo y formación y de que continuó incentivándose en el marco de la Garantía Juvenil. Hasta octubre se suscribieron 1.060, con una merma porcentual respecto a 2016, del 13,9 por ciento; y del 83,8 por ciento respecto a 2015.

Carmen Álvarez explicó que el problema llegó en 2015 cuando entraron las academias privadas de enseñanza al sector a vender cursos de formación, buscaban a los alumnos “a lazo” y a las empresas, y luego vendían los programas “totalmente a distancia”, algo que se eliminó en 2016.

Conversión y sectores

Los datos de conversión de estos contratos de formación en indefinidos también da muestra del abuso que se comete con los mismos y que su uso no condiciona en nada las intenciones de contratación a futuro de la empresa sino que se aprovecha de los mismos de forma coyuntural. En este sentido, cabe destacar aquí que los porcentajes de transformación de esos contratos entre 2011 y 2015 oscilaron entre el dos (2014) y el cuatro por ciento. Por el contrario, con la caída desorbitada de los contratos de formación a partir del año 2015, lo que sucedió es que esta tasa de conversión se disparó hasta el 35 por ciento en 2016 y hasta el 40 por ciento en el 2017 (420 conversiones de 1.060 contratos).

En cuanto a los sectores, CCOO recalca que se ve claramente que la utilización de los mismos en el sector primario es residual o no existe, como en 2017; mientras que en los servicios se “sobreutilizan”. Y es que en 2017, el 91 por ciento de todos los contratos de formación se registraron en este sector terciario.

Un mal uso

Álvarez sentenció que esta modalidad de contratación “no sirve para cualificar, sino como contrato barato” para las empresas y “cuanto más se ha flexibilizado peor uso se ha hecho de él”. La secretaria de CCOO constató que se trata de un contrato que no vale para la formación y habría que buscar otras fórmulas laborales para el aprendizaje, “con mayores exigencias de formación y que permitieran la introducción estable al mercado laboral”.

Álvarez remarcó que la regulación de estos contratos es estatal y en Castilla y León su papel sobre los mismos ha consistido en intentar impedir que se introdujeran más bonificaciones, porque “son prácticamente gratis y sus exigencias formativas son mínimas”.

En este sentido, recordó que la modalidad prevé contratos de uno a tres años, con una exigencia en el primer ejercicio de un 25 por ciento del tiempo a formación; y del 15 por ciento en los dos siguientes. “La formación exigible no pasa de la correspondiente a un módulo de un certificado de profesionalidad, con independencia de la duración del mismo, pudiendo darse el resto del tiempo de formación sin requisitos de certificabilidad según los criterios de la empresa”, lamentó.

En este contexto, apeló a la negociación colectiva como el marco para controlar la formación en las empresas, para definir los topes de contratos por plantilla; evitar el encadenamiento o definir qué puestos son adecuados.

Por otra parte, en relación de la pata de la FP Dual, que ya cuenta con regulación propia en la Comunidad, destacó que por lo menos ha sido capaces de introducir como mínimo una beca para que puedan cotizar, aunque lamentó que hacen falta más recursos, porque apenas se ha llegado a 300, cuando en 2020 se quiere alcanzar el millar.

Sexo, edad y duración

CCOO también expone en su estudio que el porcentaje de mujeres a las que se las realiza un contrato de formación ha ido aumentando en detrimento del de hombres. En concreto, si en el año 2007 el 60 por ciento de este tipo de contratos lo firmaban hombres y el 40 por ciento mujeres y en el año 2017, se ha dado la vuelta esta representación, y el 56 por ciento se realiza a féminas y el 44 por ciento a hombres.

Los contratos por grupos de edad (pueden beneficiar personas de 16 a 25 años, menores de 30 hasta que la tasas de desempleo se sitúe por debajo del 15 por ciento; y sin límite para grupos de exclusión) también han variado sustancialmente en los últimos diez años. Así en el año 2007 de los 4.195 contratos de formación registrados el 3.851 correspondían a personas menores de 25 años, esto suponía el 92 por ciento del total, mientras que 56 por ciento (591 de un total de 1.060 contratos de formación).

Al descender significativamente los contratos de formación a partir del año 2016, el porcentaje de personas mayores de 30 años a las que se les realiza este tipo de contratos se dispara (alcanza el 17 por ciento en el año 2017, y era del siete por ciento en el año 2007), y por tanto aumenta la representatividad sobre el total de los contratos que se hacen a los colectivos de exclusión, personas con discapacidad y en los distintos programas mixtos de empleo y formación.

Por último, a partir del año 2012, se produce un cambio en la composición de los contratos formativos según su duración, y así entre los años 2007 y 2012, el porcentaje de contratos de formación cuya duración era seis meses estaba entorno al 80-90 por ciento sobre el total, y desde el año 2013 hasta la actualidad este porcentaje ha disminuido más de la mitad, y se sitúa entre el 27-40 por ciento, en detrimento de los contratos cuya duración está entre los seis meses y el año, que aumentan del diez por ciento del año 2007 al 66 por ciento en 2017. Los contratos de más de un año de duración tienen muy poco peso sobre el total, y eran del uno por ciento en el año 2007, y en la actualidad suponen el cinco por ciento.

Para finalizar, CCOO refleja que los contratos de formación se ven “muy influenciados” por la evolución del mercado laboral y cuando empezó la crisis se reducían más que el total de contratos y en las épocas de crecimiento aumentaron en mayor porcentaje. La evolución en ambas magnitudes (contratos totales y formativos) coincidieron dese 2008 hasta el año 2015, mientras que a partir del año 2016, es totalmente opuesta, se registra un aumento del total de contratos y sin embargo los de formación se reducen.