Exconsejeros de Caja España defienden los créditos a Santos Llamas y otros constructores para evitar su quiebra

Segunda jornada de declaraciones en el llamado 'caso Caja España', que investiga la concesión de créditos por casi 80 millones de euros a su expresidente y constructor Santos Llamas. En esta jornada eran cinco los llamados y todos han prestado declaración, no como en la jornada de este lunes en que tan solo el exalcalde de León, Francisco Fernández, lo hizo. Los citados en esta jornada eran varios exconsejeros vinculados al PSOE como Marcos García, exsecretario de Caja España-Duero; el catedrático Zenón Jiménez-Ridruejo; Olga Palacio, exconcejala socialista de León; el exconsejero; Begoña Núñez, exconcejala PSOE en Palencia; y además el sindicalista José Antonio Turrado, líder povincial del sindicato agrario Asaja.

El primero en declarar fue el catedrático de la Universidad de Valladolid Zenón Jiménez-Ridruejo, que defendió la actuación de los consejeros en la caja rechazando la acusación de administración desleal que les ha llevado a prestar declaración como 'investigados', antigua figura de imputado.

Jiménez-Ridruejo ha asegurado a los medios que su argumentación en contestación a las preguntas ha sido que “no puede haber deslealtad con una entidad cuando se ha estudiando a fondo los dossieres, se ha dedicado el tiempo que yo he dedicado a Caja España”. Según el economista las renovaciones de créditos inmobiliarios, entre ellos los de Santos Llamas, eran imprescindibles ya que sino “la alternativa era Caja España en 2009 hubiera podido tener pérdidas y por tanto haber entrado en concurso de acreedores”. Asegura que esa posible quiebra “hubiera sido más dramática en términos económicos y sociales” que hubiera habido a lo largo del tiempo riesgos con algunos promotores como Llamas.

Según el exconsejero “la alternativa de sostener la caja, de mantener el sistema financiero de Castilla y León, de salvaguardar los 2.000 empleos del sector inmobiliario pudo más y fue mucho más importante a la hora de tomar la decisión”. Según Jiménez-Ridruejo la novación de los créditos se tomó “con fundamento, estudio, con seriedad y rigor, sin tomar para nada en cuenta quién era el presidente”. Ha señalado además que no tiene ningún vínculo personal ni ideológico ni de negocios con Santos Llamas, de quien ha considerado “no era santo de mi devoción” y remarcado que no le votó como presidente. En su defensa ha alegado además que pese a un informe de inspectores del Banco de España que ha motivado el caso no hay reclamación alguna por parte del órgano de inspección bancaria ni del FROB, que se quedó la parte bancaria de la caja, ni de la Junta de Castilla y León.

El secretario autonómico y líder provincial de Asaja, José Antonio Turrado, también defendió que el Consejo de Administración actuó de la forma más razonable posible, para evitar un proceso concursal y siempre pensado en lo mejor para Caja España, dentro de la legalidad.

Por su parte, la ex concejala del PSOE en Palencia, Begoña Núñez, aseguró que siempre miró “única y exclusivamente por los intereses de la caja. Toda la operación contó con toda la legalidad, cumplió toda la normativa, tanto interna como del Banco de España, era una novación (sustitución de una obligación por otra otorgada, de modo que la primera queda anulada) viable y una de las muchísimas que se veían en esa época”. Actuó, recalcó, “por el bien de la caja; nunca para que Santos Llamas fuera o dejara de ser presidente de la Caja”.

La letrada de Izquierda Unida, formación que presentó la querella que dio pie al caso, Ana Peñalosa, comentó que les llama la atención que, al contrario de lo manifestado ayer por el ex alcalde socialista de León, Francisco Fernández, Jiménez Ridruejo señalase que él estudiaba profundamente los informes de los técnicos y de los documentos y en base a ello emitía su voto. “Había posibilidad de estudiar uno mismo y emitir el voto conforme a la opinión propia”, dijo. También llamó la atención sobre el hecho de que “la querella va dirigida a eso”, de que no se tratase de forma igual a los particulares -contra quienes se llevaron a cabo desahucios- que a los empresarios.

Además de los 13 investigados que han sido citados en estas dos jornadas quedaría pendiente la toma de declaración del número 3 nacional del Partido Popular y expresidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, que debería ser en el Tribunal Supremo por su condición de aforado al ser diputado nacional.

La situación de Maíllo y la decisión de si el Supremo asuma o no la instrucción completa de la causa fue la justificación que este lunes dieron 7 de los 8 citados a declarar rehusaron contestar a las preguntas en el juzgado. Los otros que faltan por declarar son los exconsejeros Miguel Ángel Álvarez (UGT); Javier García-Prieto, concejal del PP en el Ayuntamiento de León; Bernardo Fernández, exconsejero por UPL; Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y diputado provincial por el Partido Popular en Valladolid; Alfredo Fernández Salvadores, exconsejero por el sindicato Csica; Juan Elicio Fierro, exconsejero y exconcejal de Ponferrada por el PP; y Alejandro Menéndez, el único de los que sobreviven como consejero en el banco EspañaDuero, en proceso de culminar su fusión con Unicaja.