El 'Defensor' de Castilla y León pide que perros y niños no accedan a la Ruta del Cares y cupos de visitas en Picos de Europa
La espectacularidad natural de la Ruta del Cares entre León y Asturias, la senda que es una de las joyas turísticas del Parque Nacional de Picos de Europa, supone un atractivo extraordinariamente positivo para hacer que se sostenga la economía de unos territorios de gran aislamiento y muchas restricciones para sus habitantes. Pero al mismo tiempo, el éxito descontrolado puede acabar siendo un serio problema: un problema incluso mortal.
El pasado mes de agosto de 2023 un chico de 25 años murió al caer por un desnivel de 60 metros al desfiladero del río Cares, teniéndose que rescatar también a su acompañante, su propio padre, enriscado peligrosamente al tratar de acceder a él de manera desesperada. En julio de 2022 hubo otra víctima mortal, una senderista portuguesa. En octubre de 2019, muy poco antes de la pandemia de COVID, fallecía otra senderista al tropezar con un desnivel en el camino de Caín de Valdeón a Poncebos.
Son hechos aislados. Pero mirados en su conjunto y estadísticamente indican que en las dos últimas décadas han perdido la vida en la Ruta del Cares más de 10 personas y se han producido decenas de rescates de emergencia, muy graves en algunos casos.
A raíz del último siniestro mortal, la institución del 'Defensor del Pueblo' de Castilla y León, el Procurador del Común, puso en marcha un informe de oficio para valorar la peligrosidad de este sendero de Picos de Europa y también si es necesario adoptar medidas extraordinarias. El informe, fruto de las gestiones realizadas sólo en su ámbito de competencia, Castilla y León, ha concluido ahora con una resolución en la que pide adoptar medidas bastante drásticas. Y así se lo reclama al Gobierno autonómico que forman el Partido Popular y Vox.
Cupos de visitas en ciertas épocas
En concreto, la institución, a través de la Junta, que este año además preside el organismo que aúna la gestión coordinada de las autonomías que cogestionan del Parque Nacional (Castilla y León, Asturias y Cantabria), reclama “valorar la conveniencia de limitar el número de personas que podrían acceder a la senda”. Lo sugiere de manera general, pero “en especial en ciertas épocas de mayor presencia de personas”, esencialmente en los meses de verano de julio, agosto y septiembre o ciertos momentos puntuales como las festividades Semana Santa.
Además, una de las reclamaciones que podrían generar más polémica sería la de “prohibir el acompañamiento de perros y otros animales de compañía”, dado que se trata de una costumbre que cada año aumenta. A día de hoy sólo se obliga a que lo hagan con correa. Y una medida más llama la atención: “Impedir o restringir el acceso a niños de menor edad”, sin establecer qué edad sería fijada.
Más control y hasta sanciones
En el segundo punto de su resolución, reclama además que se aumente el control de las medidas de precaución y seguridad que se deben observar en esta ruta de 21 kilómetros entre ida y vuelta y que, aunque oficialmente de dificultad “media”, carece de vallado en buena parte de su recorrido a pesar de tener puntos de desnivel o caída de decenas de metros hacia el río Cares.
El Procurador del Común reclama de manera formal que los agentes medioambientales, en este caso del del Parque Nacional, que son los competentes, aumenten el control sobre el incumplimiento de las normas vigentes, por ejemplo para actuar contra quienes abandonan las zonas señalizadas para aventurarse en puntos de gran peligrosidad, buscando por ejemplo una fotografía impactante. Y respecto a esa señalización, exige el defensor del pueblo que se vigilen de manera especial que no haya “carencias o deficiencias” que se han podido observar.
Un estudio de capacidad de la senda está en marcha
En el cuerpo de la resolución, el Procurador del Común da un fuerte tirón de orejas a las administraciones y en particular a la Junta de Castilla y León. Señalan, por ejemplo, a la Consejería de Cultura Turismo y Deporte, porque cuando se elaboró el informe el Portal Oficial de Turismo de Castilla y León respecto a la Ruta del Cares no hacía alusión “a ningún tipo de información como la relativa a los peligros que puede entrañar la realización de la Ruta, las medidas de precaución que deben ser adoptadas y las recomendaciones dirigidas a evitar fechas en las que la afluencia de personas pudiera ser mayor, la necesidad de usar calzado y ropa apropiada para la actividad y las circunstancias climatológicas, el especial cuidado que se ha de tener en el caso de realizar la Ruta con menores y con animales o la necesidad de evitar conductas irresponsables”. Esas deficiencias, eso sí, ahora parecen haber sido corregidas.
De momento, a las peticiones del Procurador del Común ha habido contestaciones preliminares de la Junta de Castilla y León, a través de su coordinador del Parque Nacional por esta comunidad. Y en ellas se informa de que para valorar la medida de la limitación del número de personas que accedan a la Ruta del Cares, “se ha encargado recientemente un estudio de capacidad de acogida de la propia senda”. De este estudio se encarga, dicen, la entidad gestora a la oficina técnica de Europarc España.
Cuando se conozcan sus conclusiones por parte del Patronato y la Comisión de Gestión se decidirá si hay o no restricciones y en qué condiciones, teniendo en cuenta la conservación sobre todo de los valores naturales y patrimoniales, pero también para que “realicen el recorrido mejorando la calidad de la visita y la propia seguridad”.
Estadísticas del último quinquenio
Entre las estadísticas de siniestralidad que se tienen en cuenta para alcanzar las conclusiones mencionadas, y ceñidas exclusivamente a a los últimos cinco años, se registran 10 rescates de montaña y una búsqueda en el año 2019, que fueron siete y una en el siguiente año 2020 (a pesar de ser el año de panandemia de COVID). en el año 2021 se calcaron los datos, con otros siete rescates de montaña y otra búsqueda; y en el año 2022, se produjo un gran incremento hasta alcanzarse los doce rescates, la búsqueda de un niño perdido de 9 años de edad y un incidente sanitario producido en la propia senda. En lo que va de este año 2023, hay contabilizados seis rescates de montaña, una búsqueda, un incidente sanitario y la atención de una persona desorientada.
Y quinto año sin el obligatorio PRUG
Para adoptar de manera coordinada cualquier tipo de medida, como las que reclama el Procurador del Común o cualquier otra, la herramienta obligatoria en un espacio de la máxima protección como es Picos de Europa es el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Se trata de una herramienta vital, más en el centenario Parque Nacional, uno de los más antiguos de España, y cuya gestión tras una larga batalla legal dejó de estar en manos estatales para ser coordinada a tres bandas por Castilla y León, Asturias y Cantabria.
El problema es que ya son casi 18 los años de retraso en la aprobación y entrada en vigor del PRUG, cuyas promesas de agilización jamás se han cumplido, ya que se comprometió su arranque oficial en 2019.
Hace justo un año, en la última reunión de los responsables autonómicos de Medio Ambiente, representantes en el Patronato aseguraron nuevamente que éste sería el año definitivo para su aprobación, aprovechando la presidencia de turno del consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Pero ni así ha ocurrido ni tampoco se ha hablado de plazo nuevo en la última reunión, la semana pasada.
