La Audiencia Nacional admite a trámite una querella contra exdirectivos de Caja España-Duero por las preferentes

Ical

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Unión de Consumidores de Castilla y León contra los expresdientes de Caja España, Santos Llamas, y de Caja Duero, Julio Fermoso, y cinco exdirectivos más por presunto delito de estafa agravada por la emisión y comercialización en 2009 y 2010 de preferentes y subordinadas en Castilla y León, según publican varios periódicos de la Comunidad.

La Audiencia considera que debe investigarse el modo en que ambas entidades comercializaron estos productos y la implicación directa de sus máximos responsables en lo que los denunciantes consideran una de las mayores tramas fraudulentas de la democracia. Aunque la denuncia, presentada inicialmente como querella, fue desestimada por parte del Juzgado Central de Instrucción número 6, el recurso en apelación fue estimado ayer mediante un auto de la Sala de lo Penal.

La denuncia va dirigida, además de los entonces presidentes, contra los directores generales de ambas entidades, Javier Ajenjo (Caja España) y Lucas Hernández (Caja Duero), junto con Antonio Fernández Fernández (director financiero de Caja España), Arturo Jiménez (director financiero de Caja Duero), Óscar Fernández Huerga (director comercial de Caja España) y quien en 2009 ocupaba el cargo de director comercial de Caja Duero, a falta de que la entidad correspondiente concrete su identidad, así como contra ambas entidades y la resultante de la integración, Banco Ceiss.

La Unión de Consumidores de Castilla y León les imputa delitos de estafa agravada, de estafa de inversores; de publicidad engañosa; de administración fraudulenta o desleal, y de maquinación por alterar el precio de las cosas. De esta forma, la Unión de Consumidores, que representa a unos 400 afectados, da un paso más después de que en abril de 2013 pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid y la fiscal jefe, Esther Pérez Jerez, acordara entonces la apertura de diligencias penales contra responsables de Ceiss.

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