Una de cal y otra de arena en la batalla judicial por la Plaza del Grano
Mientras avanza la ejecución municipal de las obras de la tercera y última fase de la llamada remodelación de la Plaza del Grano de León, la batalla legal ante los tribunales iniciada por quienes se siguen oponiendo frontalmente a lo que consideran un “expolio” al patrimonio protegido leonés arroja en los últimos días un balance desigual, con una de cal y otra de arena.
La de cal llegó en un auto fechado este lunes 11 de noviembre, en el que el magistrado del Juzgado de los Contencioso Administrativo 3 de León deniega la petición de paralización “cautelarísima” de los trabajos tal y como se encuentran en este mismo instante, por un lado habiendo ya levantado casi la mitad de los tradicionales cantos rodados para comenzar a reinstalarlos, tapando en escasas horas algunos hallazgos arquitectónicos, y por otro con una cata arqueológica aún ejecutándose en la que han aparecido varios enterramientos humanos.
Arranque de parte de parte de los 'nervios' principales que soportan la estructura principal y canalizan el agua de la Plaza del Grano.
La petición de frenar todo el proceso hasta valorar en profundidad el recurso planteado por había solicitada por la Red Vecinal contra el Racismo y la Impunidad. El 30 de noviembre de 2017 ya se dictó resolución en la que no se apreciaban “circunstancias de especial urgencia” y ahora el auto insiste en esta idea, basándose en que “la ponderación de intereses (...) se inclina en favor del interés general, representado por la continuidad en la ejecución de una obra pública”.
Eso sí, el juez, aunque permite la continuidad de las obras que impulsa el Ayuntamiento por un coste total de casi 600.000 euros, asegura que esta decisión es “sin perjuicio de lo que se acuerde en la sentencia definitiva”, ya que el recurso sigue su camino.
Sin embargo, por otro lado, la 'arena' judicial referida a la Plaza del Grano, la buena noticia para sus opositores, llega desde Madrid, en concreto desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid. Este tribunal acaba de aceptar a trámite la petición de dos asociaciones que buscan “evitar el expolio de un elemento singular de interés histórico, cultural y paisajístico, amparado por la protección de varios bienes de interés cultural”.
En concreto, el juez de la Sección Sexta del Contencioso Administrativo madrileño asume la causa impulsada por las asociaciones leonesas 'Mocedá en Pie' y 'Red Vecinal', que siguen la misma vía que ya tuvo éxito ante el expolio del barrio valenciado de Cabanyal y que se resume en la aplicación de un 'artículo 155' como el de Cataluña, es decir, retirar las competencias de Patrimonio a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento leonés.
Con esta decisión, el juez le da un plazo “inaplazable” de 20 días al Ministerio de Cultura para que entregue todo el expediente administrativo, según consta en la notificación facilitada el pasado 5 de diciembre.
