La Junta incumple su promesa de no admitir macroparques troceados pero dice que lo amparan los técnicos
La Junta de Castilla y León está incumpliendo su propio compromiso público de impedir a las compañías energéticas y las empresas promotoras utilizar el subterfugio de trocear un único proyecto de macroparque de producción de energía para hacerlos pasar por varios diferentes y de menor tamaño e impacto, eludiendo así muchos condicionantes que la Ley impone en defensa del territorio, los hábitats o los terrenos de uso agrícola.
Esta misma semana, el Servicio Territorial de Industria de la Junta en la provincia de León se pronunciaba, ya casi en última fase antes del inicio de su construcción, a favor no sólo de un macroparque entre las comarcas del Órbigo y el Páramo sino que está a punto de otorgar la declaración de “interés general”.
Con ella en la mano, cuando acabe el proceso de alegaciones ahora abierto, la compañía -de un poderoso conglomerado del exempresario minero Manuel Lamelas Viloria- podrá expropiar todos los terrenos que necesita para implantar la friolera de 93.420 módulos fotovoltaicos en la planta fotovoltaica llamada La Llanada, a la que la Junta ya le dio todas los parabienes previos desde hace años, incluida la del impacto ambiental.
La Llanada... y otros cuatro parques 'siameses'
La Llanada se ha diseñado entre Cimanes del Tejar y el municipio de Villadangos del Páramo para producir un pico máximo de 49,997 kilovatios. Si pasara de 50 Kw no lo tramitaría la administración autonómica sino que sería competencia ministerial, del Gobierno, como establece la normativa.
Pues bien: la Junta de Castilla y León en tres años de informes, alegaciones y autorizaciones no lo ha considerado parte de un proyecto troceado, partido en varios. Y eso a pesar de que colindantes a La Llanada, el mismo promotor, de idéntico grupo empresarial, está ultimando también todas las autorizaciones los macroparques llamados El Monte, Roteles, La Fenera y Valtarafón.
Y el Nudo Vilecha, por Villadangos, La Virgen, Santovenia y León
Más aún: también el Grupo Viloria ejecuta el llamado Nudo Vilecha que será el tendido eléctrico imprescindible para que los cinco parques puedan evacuar hacia autopistas eléctricas principales toda su producción, tendido que afecta desde Villadangos a León capital pasando por Valverde de La Virgen y Santovenia de la Valdoncina, y que también apura sus últimos trámites favorables para ejecutarse.
Todos, los cinco, están vinculados y en el entorno de Villadangos del Páramo. Todos ellos tienen la misma producción energética prevista, de 49,9 megavatios, rozando el límite de tramitación autonómica, de modo que en realidad sumarán 250 Mw. Todos tienen prácticamente la misma extensión y el mismo número de placas solares a instalar, en torno a 93.500 cada uno, lo que sobre el terreno arrojará una suma de 467.000 paneles fotovoltaicos de grandes dimensiones. Y todos rozan prácticamente la misma inversión económica.
El comodín de “los técnicos”
Parece más que evidente la fragmentación que impulsa la empresa en esta zona, y así lo han alegado todos estos años entre otros Ecologistas en Acción o el sindicato agrario Asaja, que arremete además contra la expulsión de los campesinos de estos terrenos, que son cultivables en su inmensa mayoría, y que sin embargo que serán o invitados a vender a la empresa o, como se tramita ahora, a arrebatárseles las fincas a la fuerza vía expropiación. En ningún momento los técnicos que han ido dando pasos adelante a las cinco macroplantas fotovoltaicas han considerado la fragmentación.
A eso se aferra ahora el Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, de PP y Vox, para lavarse las manos e incumplir su propio compromiso de vigilar, e impedir, estas maniobras de fragmentación.
“Los técnicos hablan a través de sus informes y el expediente completo es objeto de alegaciones por parte de cualquier ciudadano”. “Si algún parque tiene una dimensión mayor o de la acumulación de los mismos se deriva una dimensión mayor, lógicamente se deriva inmediatamente a quien tiene la competencia para ello: al Gobierno de España”. Estas frases las pronunció ayer el portavoz de la Junta, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Es el mismo mandatario que hace dos años se comprometió, también a preguntas de ILEÓN, a tramitar estos casos como una unidad de inmensas dimensiones.
Carriedo: “No tenemos ningún interés”
A pesar de que la realidad demuestra, en este caso del Páramo y otros de la provincia de León, que tales maniobras continúan, y tienen todas las bendiciones autonómicas, Carriedo aseguraba ayer que “nosotros no tenemos ningún interés en que la autorización corresponda a la Junta y en muchos casos corresponde al Gobierno de España”. Y se limitó a señalar a los técnicos y sus decisiones: “Los servicios técnicos de la Junta de Castilla y León, también los del propio Gobierno, pueden tener opinión al respecto, (son) los que determinan estas circunstancias específicas”.
Se trata de algo que a Asaja le provoca “indignación”, como ayer recogía en un comunicado: “La Junta de Castilla y León, con esta decisión que
claramente 'fuerza la legislación vigente', se pone claramente de parte de los grandes inversores en energía fotovoltaica, dando la espalda a los agricultores y a los propietarios de tierras rústicas, que se van a sentir indefensos ante los poderosos que impunemente apisonan sus derechos“.
