Isabel Carrasco se podría enfrentar a tres delitos por los kilometrajes de Caja España

Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, en una reciente inauguración de una carretera en Ponferrada.

Antonio Vega

Aunque en la cena del PP leonés de esta pasada Navidad Isabel Carrasco aseguró a los medios que “eso está parado”, el caso de los kilometrajes supuestamente cobrados de forma irregular por la presidenta de la Diputación de León sigue avanzando de forma muy lenta en los juzgados, pero avanzando, aunque sin final cierto y a la vista.

La fiscal del caso ha elevado un escrito a la juez en la que además de rechazar un recurso interpuesto por la defensa de la presidenta del PP leonés pide nuevas diligencias en el caso de los kilometrajes de Caja España, que según los denunciantes Isabel Carrasco habría cobrado de forma irregular al haberlo hecho pese a acudir en vehículo oficial de la Diputación de León.

Además de esas peticiones de declaraciones de testigos, la fiscal apunta a la existencia de tres delitos, uno de malversación de caudales públicos; otro posible delito de falsificación de documento público y un tercero relativo al 439 del código Penal, que dice expresamente: “La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.”

La fiscal inquiere además a la juez Blanca Esther Díez, encargada del caso, que llame a declarar a varios chóferes para poder esclarecer si Isabel Carrasco acudió a los consejos de administración de Caja España en Salamanca en su vehículo particular o en el coche oficial del que dispone por su cargo en la Diputación de León. Según informa Radio León los chóferes habrían sido citados el próximo 2 de abril.

Apremia también la fiscal a que se practiquen diligencias pedidas desde la fiscalía en marzo de 2013, y que serían la toma de declaración de testigos a los que Carrasco recusó como el exalcalde de León, Paco Fernández; el exconsejero de Caja España por UGT y actual consejero en el ahora malagueño Banco Ceiss Miguel Ángel Álvarez; y el procurador en las Cortes y expresidente de la Diputación por el PP, Javier García Prieto. A todos ellos la defensa de Isabel Carrasco los recusó alegando “enemistad manifiesta”, rechazada de momento.

Finalmente, la fiscal del caso pide a la juez que se pregunte a la antigua Caja por la persona que autorizó el pago de los kilometrajes a Isabel Carrasco en determinadas fechas de los años 2010 y 2011, objeto de investigación en la causa.

Este caso lleva ya más de dos años pululando por los juzgados leoneses sin que su principal acusada haya sido llamada a declarar en una instrucción que fuentes jurídicas califican de 'peculiar' y que ha sido objeto de controversia por los múltiples recursos a los que ha tenido que hacer frente, tanto por la parte acusadora como por la defensora. La denuncia oficial partió del PSOE, pero tras un 'apaño' con el PP por los planes provinciales de 2012 retiró la denuncia, que continuó en su lugar el PAL-UL.

La 'peculiar' instrucción del caso hace difícil saber si estaremos ante otro caso Fabra, que condenó una década después al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra; o bien ante un caso Blanco, en el que el exministro socialista José Blanco fue absuelto por el Supremo tras haber sido imputado inicialmente. La resolución final del caso también nos permitirá saber si Carrasco está tan “perseguida como Rajoy”, como ella misma sostiene.

Por cierto, la viajera presidenta de la Diputación pasa este viernes en Sevilla promocionando la provincia leonesa. Con pendones y todo.

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