El PP abre el camino para la posible expulsión del alcalde de Sahagún y procurador autonómico

Redondo en las Cortes de Castilla y León, donde es procurador del PP. / Rubén Cacho / ICAL

C.J. Domínguez

Se ha resistido durante semanas, pero por fin el Partido Popular ha confirmado la reciente apertura de la vía interna necesaria para decidir si expulsa de esta formación al actual alcalde de Sahagún y además parlamentario autonómico del PP en las Cortes de Castilla y León –y por lo tanto protegido por aforamiento-, Emilio Redondo.

Se trata de un llamado expediente informativo con el que el Comité Regional de Derechos y Garantías del PP abre un proceso en el que ahora se debe nombrar un instructor y reunirse toda la información de la que se disponga, incluidos los alegatos del propio Redondo, para adoptar finalmente o no la decisión de sancionar a este cargo público incluso con la expulsión de la siglas del PP, bajo las que es regidor desde 2007 y procurador autonómico desde 2011.

El motivo es conocido: la imputación judicial formal por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) del regidor facundino por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental por haber pagado los 47.000 euros de una subvención de la Diputación para las obras del depósito de agua municipal de Sahagún, obra que según consta en la causa no se ejecutó. Por este caso, el regidor y procurador autonómico está citado el 10 de diciembre ante el TSJ de Castilla y León y pendiente de la apertura de juicio oral, petición ya realizada por la acusación.

Además, Redondo se enfrenta a otro posible delito de que investiga la Fiscalía respecto a la reforma del antiguo Cuartel de la Guardia Civil de la localidad sin proyecto técnico, sin acuerdo de ningún tipo, en un lugar que goza de protección patrimonial y sin expediente de contratación, tal y como denunció en su día en bloque la oposición del Ayuntamiento de Sahagún.

Esta misma semana el PSOE leonés instaba al PP a adoptar medidas contundentes contra el alcalde facundino, pero desde que se conoció hace tres semanas la fecha en la que se le cita en el TSJ para la más que posible apertura de juicio los populares no habían movido ficha. Hoy mismo, fuentes del PP de Castilla y León han confirmado a iLeon.com este paso adelante en un proceso que quedará a expensas de la propia celebración del juicio en su contra, que conllevaría penas contra Redondo una pena de entre seis meses y seis años de prisión, con posible inhabilitación para ocupar cualquier cargo público. Pero el hecho de que sea parlamentario desde 2001 le hace acreedor de aforamiento, es decir, que goza de protección y que las Cortes deben permitir primero que esa protección desaparezca y se le pueda juzgar como a cualquier otro ciudadano.

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