Las Cortes urgen a Everest a enviar la documentación para acceder a créditos públicos

Ical

Las Cortes de Castilla y León urgieron hoy, a través de una proposición no de ley aprobada por unanimidad, a la dirección del Grupo Editorial Everest para que envíe la documentación y acceder a la ayuda de salvamento de 3,2 millones de euros, ofrecida por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el pasado día 3 de febrero en el pleno de la Cámara.

El consenso se asienta en una propuesta de IU a la que el Grupo Popular presentó una enmienda de sustitución que fue aceptada por el procurador José María González. “El acuerdo es positivo y confió en que se salga del impase”, declaró el parlamentario a Ical al término de la Comisión de Economía y Empleo donde se aprobó la PNL.

En el texto se requiera de nuevo a la dirección del Grupo Editorial Everest para que, con la máxima urgencia, aporte la documentación acreditativa del cumplimiento de todos los requisitos administrativos y financieros que sean precisos, en relación con la operación de salvamento autorizada por la Junta de Castilla y León y en tramitación ante la Unión Europea para el mantenimiento de la actividad de la empresa y de los puestos de trabajo de la misma.

También, se insta a la Junta a que vuelva a reunirse con la representación de los trabajadores para exponer la nueva situación y coordinar en su caso las acciones a adopta, encuentro que se producirá mañana, según informó el procurador del PP Raúl de la Hoz, que afirmó que es “mejor dejar la demagogia a un lado” en estos asuntos en aras al acuerdo.

El parlamentario del PP manifestó que el texto de IU estaba superado por los acontecimientos, ya que se presentó el pasado 27 de enero, y era preciso su actualización, que, al final contó com la unanimidad de todos los procuradores. En esa línea, González se mostró “satisfecho” y coindió en que era “necsario adaptar” la propuesta a los hechos actuales.

Sin embargo, González expresó “dudas” de la empresa por la “dilación” en el remitir la documentación que se pide desde la administración para materializar la ayuda. “IU há sido un instrumento al servicio de los trabajadores y del empleo”, defendió el procurador.

La empresa debe remitir a la Consejería de Economía y Empleo el pacto social -como va a pagar a los trabajadores a los que se debe varias nóminas-, el acuerdo com los acreedores y garantías por los accionistas de como se devuelve la ayuda en caso de impago. Raúl de la Hoz consideró lógico y normal que se pidan esas cautelas por parte del Gobierno autonómico.

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