'El Rodillo o el Rodillo'

El Partido Popular pretende reformar la ley electoral a escasos meses de las elecciones generales, en un desesperado intento de conservar el poder en los municipios en una reforma que puede calificarse absolutamente de inconstitucional.

Me explico:

Según la información que de momento he podido obtener, se pretende que la lista más votada sea automáticamente la que tenga una mayoría absoluta teniendo un 35% como mínimo de los votos y una diferencia de 5 puntos sobre el siguiente.

En caso de no ser así, se procederá a una segunda vuelta en la que de partida, aquellas listas que no hayan obtenido un mínimo de un 15% quedarán excluidos.

Al vencedor de la segunda vuelta, automáticamente se le concederá la mayoría absoluta.

Supuestamente, se mantiene el mínimo del 5% para poder obtener representación, pero yo me pregunto:

En un municipio como el nuestro, en caso de que se dieran las condiciones que se suponen en el proyecto de ley que quieren impulsar los populares, de los 10 concejales que consiguieron pasarían a tener 14; ¿De donde salen esos concejales?.

Hay que recordar que por ley, al ayuntamiento de León le corresponden 27, por lo que la diferencia será cubierta por los concejales de los partidos minoritarios, perdiéndose el mínimo teórico del 5%.

Las opciones minoritarias ya se encuentran bastante desprotegidas gracias a la ley D´Hont, que favorece el reparto a las mayorías frente a las minorías con lo que se pretende el golpe de gracia a la pluralidad y avanzar en la estandarización de la sociedad.

Otra de las posibilidades que se pretende eliminar de facto es la de moción de censura, ya que en caso de que se quisiera presentar una, además de necesitar mayoría absoluta, tendría que incrementarse ésta en tantos concejales como miembros del grupo de gobierno la apoyaran, con lo que puede darse la paradoja que se necesiten más concejales de los que componen la corporación para que pudiera salir adelante, ya que al haber una única mayoría posible, sería inevitable que al menos parte hubiera de apoyarla.

Simplemente demencial.

En mi opinión, es una operación de desgaste del electorado encubierta que denota un miedo no ya al fraccionamiento de la izquierda, que ya se sabe de difícil superación, además de que la conveniencia si eso supone la renuncia de la identidad política es debatible, sino a un más que probable fraccionamiento de la derecha, que se ha visto materializado en la aparición de C,s en el escenario político, amenazando su posición predominante.

Después del apoyo de los medios mayoritarios con el fin de desgastar a Podemos, los Populares se han dado cuenta demasiado tarde, que la criatura a la que ha aupado en realidad es un competidor directo por su electorado, al igual que Podemos lo es del PSOE.

El olvido de que el Partido Popular no se constituye como partido único hasta enero de 1989, hasta entonces federación de partidos conservadores, hace pasar desapercibido el hecho de que su origen no es unitario sino múltiple, y aunque sean muchos los que ignoran el pasado, la media de edad de componentes de dicho partido indica que sus filas no lo han hecho, aunque la imagen que se intente transmitir sea otra.

Conocedores de la pérdida de apoyo incluso en su electorado más acérrimo, la perspectiva de que de repente la derecha quiera explorar sus matices es algo que les aterra profundamente

El resultado de su miedo es una ley que intenta desesperanzar aún más a los electores, independientemente del signo político y que pretende eliminar en la práctica la pluralidad, reconduciendo nuevamente a un bipartidismo que polarice la sociedad mientras la violencia verbal y los ataques a nuevas corporaciones municipales en las que han perdido el poder se suceden, no habiendo dejado un mínimo margen con el fin de evaluar su funcionamiento.

Demuestran que el veredicto sobre la capacidad de los actuales mandatarios en los municipios que los populares consideran arrebatados ya estaba hecho mucho antes de que incluso llegaran a gobernar.

¿Qué pretenden con estas abusivas normas?

¿Qué buscan?

¿Cuantas medidas más que ataquen directamente las libertades individuales y colectivas necesitamos para reaccionar?

No olvidemos situaciones como las que se denunciaron por parte de los desplazados españoles con motivo de las elecciones municipales donde se denunciaba la falta de información a los españoles residentes fuera de nuestro país, no indicando las fechas de cierre de Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) que se produjeron a 31 de Diciembre del año pasado, impidiendo que muchos pudieran formalizarlo, por si no fuesen suficientes trabas, y considerando que todavía teníanopción para votar en las elecciones municipales y autonómicas de mayo registrándose como residentes temporales y solicitar el voto al mismo tiempo, de manera presencial y en el consulado.

Mediante el discurso del miedo y la argumentación falaz, intentan imponer una visión completamente desajustada de la realidad tal, que si se la creen, seriamente opino que estas personas representan un auténtico peligro para la democracia y para la sociedad en su conjunto.

Si no se la creen, aún con más razón.