UPL reclama a la Junta que aumente la dotación del Consejo del Bierzo para extinción de incendios forestales

El incendio de la Tebaida.

D. Álvarez / Ical

El procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes, Luis Mariano Santos, reclamó este jueves a la Junta que aumente, en los presupuestos de 2019, la financiación que otorga al Consejo Comarcal del Bierzo para las labores de extinción de incendios forestales. Santos recordó que la provincia de León es “especialmente perjudicada” por el fuego al acumular más de la mitad de las hectáreas quemadas en la Comunidad y defendió que “es hora de abandonar los recortes presupuestarios y ampliar la dotación y las competencias del Consejo”.

En ese sentido, Santos recalcó el “compromiso firme” de la UPL con el Bierzo se traduce en la aprobación de más de 800.000 euros de inversión para la comarca, conseguidos a través de enmiendas leonesistas en la última legislatura. Al respecto, el representante de la UPL insistió en que el proyecto de investigación sobre la Tebaida berciana contó con enmiendas presupuestarias presentadas por los leonesistas tanto en 2017 como en 2018 y defendió la “colaboración absoluta y leal” de la formación con el Consejo Comarcal.

Por su parte, el presidente del Consejo, Gerardo Álvarez Courel, valoró que la Junta incrementó la partida destinada a la extinción en 150.000 euros por lo que la institución comarcal gestionará cerca de un millón de euros que se destinarán a la puesta en marcha de tratamientos selvícolas y al servicio de extinción de incendios.

Al respecto, Álvarez Courel recordó que esa partida llegó a establecerse en 1,5 millones y confió en alcanzar esa cifra en futuros ejercicios. Por otro lado, reclamó al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, una “implicación mayor” para garantizar el funcionamiento en esta campaña de las anunciadas cámaras de videovigilancia. Por último, el presidente comarcal insistió en la reclamación de “mejoras en la financiación” y de una “sede digna y propia” para que la institución comarcal pueda prestar un “servicio adecuado a la ciudadanía”.

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