La Diputación podría perder gran parte de su patrimonio o millones de euros por incumplir un contrato de 1949

La Diputación de León se enfrenta a un varapalo de enormes proporciones y sin antecedentes: podría llegar a perder decenas de hectáreas de su mejor patrimonio o en su defecto posiblemente de millones de euros si la Fundación Sierra Pambley triunfa en una reclamación de compensación por el uso indebido que, a su juicio, ha venido dando la institución a la enorme parte del Monte San Isidro que cedió hace 65 años.

Si triunfa esta reclamación, el efecto será aún mayor incluso, dado que prácticamente imposibilitaría que la Diputación, la Junta y el Ayuntamiento de León pudieran desarrollar su proyecto estrella conjunto: la Zona Natural de Esparcimiento del Monte San Isidro declarada el pasado verano, vendido a bombo y platillo como la casa de campo de la ciudad, su pulmón verde. Un espacio de ocio sin comparación con ningún otro de la provincia, casi el único que había conseguido a unir a Carrasco, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván, y el alcalde, Emilio Gutiérrez. De momento, esta figura de protección ya está en vigor y se ha comenzado a publicitar, pero falta un puñado de inversiones prometidas que aún no se han concretado.

Según ha podido saber este periódico, la Fundación Sierra Pambley, que ha rechazado realizar declaraciones a iLeon.com “por el momento”, ya ha reclamado al Pleno de la Diputación que se reconozca algo que parece palmario: que la Diputación ha incumplido el acuerdo de compraventa firmado en el año 1949.

Promesa de Hospital y Hospicio

En ese contrato, la institución provincial se hacía con 133 hectáreas al simbólico e irrisorio precio simbólico de 1,25 pesetas/metro cuadrado, pero con la obligación de devolver esa enorme finca o indemnizar en metálico a la Fundación si la Diputación no la usaba para fines estrictamente sociales. ¿Cuáles eran esos fines? Esencialmente dos: la construcción del Hospital Provincial y el Hospicio.

El primer proyecto nunca se cumplió y la Diputación acabó haciendo el Hospital en los Altos de Nava, donde hoy se encuentra; respecto al Hospicio, sí se construyó el llamado complejo de San Cayetano para albergar a los niños sin familia. Sin embargo, también en este uso se comenzó a incumplir las condiciones del contrato desde que en 1991 dejaron de residir los últimos niños allí.

A partir de ese momento, ¿qué entendió la Diputación por “uso social”? Construir la sede del Parque Móvil para todos sus vehículos del área de Carreteras; ubicar la Imprenta Provincial y otros muchos servicios internos de fontanería o electricidad; construir el actual Parque San Isidro, ya con advertencia de la Fundación de que se incumplían los acuerdos; albergar la Escuela Taller de Medio Ambiente; o una Escuela de Hostelería.

Maniobra especulativa: 600 viviendas...

Al margen de una pequeña compensación anual que apenas duró seis años, el “uso social” siguió echándose por tierra. En 2004 una maniobra urbanística conjunta de la Diputación y el Ayuntamiento pretendió impulsar la construcción de 600 viviendas, proyecto que se vino abajo por la negativa de la Fundación Sierra Pambley y la presión social, vecinal y ecologista.

... Y más de 300 funcionarios

Pero lejos de corregir el rumbo, del 'pelotazo' de la construcción San isidro pasó al 'pelotazo' de los funcionarios. Porque ya bajo presidencia de Isabel Carrasco, ésta ha ido trasladando servicios administrativos provinciales al edificio de San Cayetano. Por eso, los edificios de San Isidro suman hoy casi 300 funcionarios. No suena esto demasiado a fines sociales.

Sierra Pambley ya ha defendido sus alegaciones ante el Pleno de la Diputación para reclamar lo que le concede el contrato de 1949. Fue el pasado 26 de febrero. Y en ese Pleno, Carrasco se ha dado mucha prisa por evitar un gravísimo problema, rechazando de un plumazo sus pretensiones y de paso aprobar la alteración jurídica de los terrenos del Monte San Isidro. Está por ver si de ese modo, Isabel Carrasco se ha quitado de encima un problema de enorme envergadura, porque como dice el acuerdo al que ha tenido acceso Ileon.com, no sólo cabe recurso ante la propia Diputación sino la vía judicial para reclamar.