La Diputación cifra en 10 millones y 3 años el fin de más de 800 escombreras ilegales en la provincia

Imagen de archivo de una escombrera de residuos inertes aparecida en el municipio de Villaquilambre.

Carlos J. Domínguez

El principio del fin de las más de 800 escombreras, todas ellas ilegales, que existen en la provincia se pondrá en marcha en pocas semanas, cuando la Diputación de León y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta firmen el convenio “inminente” por el cual se sentarán las bases para eliminar para siempre este problema. Algo que oficialmente se ha dado en llamar Plan Provincial de Residuos Inertes.

Para ello, la institución provincial dispondrá de 10 millones de euros de inversión hasta el año 2019, como ayuda a los 208 ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes para que éstos ejecuten pequeñas plantas de tratamiento de los residuos inertes procedentes de la construcción y demolición, porque como remarcó el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, la competencia -y el peligro de multas- es de los ayuntamientos.

Por su parte, el convenio contemplará que será la Junta la encargada de sellar y restaurar hasta la última escombrera existente en la geografía provincial, una cifra que supera las 800, según el inventario más actualizado elaborado por la administración autonómica. “No hay ningún municipio que no tenga uno”, lamentó Majo, teniendo la mano y abriendo la 'cartera' para colaborar con una solución que impida de manera definitiva el habitual paisaje de montones de azulejos, hierros, cemento, ladrillos o hasta bañeras que se aprecian cerca de tantos pueblos leoneses.

En concreto, los 10 millones de euros de la Diputación prometidos se repartirán en 3,9 millones para este año 2017, otros tantos para el próximo ejercicio y 2,1 en 2019, último año proyectado. Majo, que compareció en rueda de prensa con el diputado de Cooperación, Alfonso Arias, explicó que además la institución diseñará “dos o tres modelos de planta modelo, más grandes o más pequeñas, para que cada municipio decida cuál es la idónea para ellos”, dependiendo del número de habitantes y los residuos de este tipo que generen.

Su coste oscilará entre los 8.000 y los 12.000 euros, aproximadamente, desgranó, y estas serán la cuantía que la Diputación con su propio dinero subvencionará al 80%, teniendo los consistorios que afrontar el 20% restante. También serán ellos los que se encargarán de gestionar los residuos que lleguen a esas plantas, transportándolos de manera correcta y oficial a plantas de transferencia, aunque Majo detalló que también en esta gestión la Diputación estudiará ofrecer los servicios unificados de un gestor, como ocurre hoy con la analítica de las aguas de consumo.

El final de “un problema muy grave”

“Se trata de poner fin definitivo a las escombreras, que son un problema grave”, resumió el presidente de la institución provincial, recordando que los municipios que no aprovechen ahora se enfrentan a duras sanciones económicas por esos vertidos incontrolados por parte de la Junta.

En una encuesta previa elevada a los alcaldes leoneses por la Diputación hace semanas, “más de 130 ayuntamientos han respondido” estar interesados, con peticiones tales como 10 plantas para pueblos del municipio de Valderrey o 6 para Gradefes. “Nos salen unas 250 plantas ahora mismo, pero bien podrían acabar siendo 500 o más”, destacó

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