La Diputación de León paga 131 facturas de la luz de casi 350.000 euros acumuladas con un año de retraso en el contrato

Galería de la 'planta noble' del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León.

Carlos J. Domínguez

La Diputación de León debe 131 facturas de luz a Iberdrola. El montante total acumulado no es escaso: casi 350.000 euros (347.231 euros). Su morosidad se debe a la acumulación de seis meses, medio año, de no pagar por el suministro eléctrico que la institución provincial tienen contratado con la compañía eléctrica, a cuenta de un contrato que data del año 2020 pero que en realidad ya ha expirado aunque todavía permanezca operativo. A la fuerza.

El hecho de que continúe es el retraso de un año en poner en marcha otra nueva adjudicación para el suministro en todas las instalaciones de alta y baja tensión tanto de la propia Diputación como del Instituto Leonés de Cultura (ILC) que de ella depende. Y ese retraso se suma a otros dos años en los que Iberdrola ha disfrutado de sendas prórrogas, ya exprimidas.

Esta cantidad de prácticamente 350.000 euros, acumulado en las facturas de septiembre de 2023 a febrero de 2024, será pagada por fin por la institución provincial gracias a un reconocimiento extrajudicial de créditos que se ha aprobado este viernes en comisión, a propuesta del equipo de Gobierno de PSOE y UPL, y que ya sólo habrá de ratificarse definitivamente en el próximo Pleno para poder dar la orden de pago.

Sin embargo, este pago in extremis no pondrá fin a la situación de bloqueo que acumula la Diputación respecto a algo tan básico como el contrato y el suministro mismo de la luz. Y es que tanto las facturas y su pago como el contrato de suministro de luz para todas las dependencias de la administración provincial no cuentan con el parabién de la Intervención del Palacio de los Guzmanes, según ha podido saber ILEÓN.

De hecho, estas 131 facturas cuentan con reparos de la Intervención de la institución, que especifica en la documentación del reconocimiento extraordinario de crédito que “se ha producido una omisión de fiscalización” en este procedimiento. Y no es el único escollo: también considera que hay “incumplimientos” de la Ley de Contratos del Sector Público en el nuevo que ha de formalizarse para seguir recibiendo energía para todas las dependencias provinciales.

Evitando in extremis quedarse 'a oscuras'

Eso explica que el nuevo contrato ya supere el año de retraso y que desde el pasado 30 de abril la Diputación se encuentre, en lo que a suministro eléctrico se refiere, absolutamente fuera de plazo. La original adjudicación del año 2020 ya se ha exprimido todo lo legalmente posible, se han agotado ya dos prórrogas de un año cada una y también dos decretos de Presidencia, de seis meses más seis meses, permitiendo de manera extraordinaria que Iberdrola no deje a la institución 'a oscuras'.

Queda un bloqueo todavía por salvar, el del nuevo contrato. Hace ya más de un año, en enero de 2023, todavía con la anterior Corporación presidida por Eduardo Morán, que se puso en marcha el proceso para adjudicarlo, además por una cuantía mucho más grande que hace sólo cuatro años: el actual de Iberdrola salió por un millón de euros; el nuevo partía de 3,15 millones, un 215% más de coste.

Cinco ofertas, TotalEnergies en cabeza

Se presentaron cinco compañías, repitiendo entre ellas Iberdrola y también Endesa Energía, ADX Renovables, The Yelow Energy y TotalEnergies Electricidad y Gas España, siendo esta última la mejor valorada, gracias también a ser la más baja económicamente: 1.163.882 euros. Esto ultimo ocurrió ya en noviembre del año pasado, tras haberlo ordenado por decreto el presidente, Gerardo Álvarez Courel el 7 de septiembre, y encontrándose en febrero ya de 2024 con el reparo de Intervención que lo ha frenado en seco.

El alto funcionario concluye que “la relevancia de este suministro debe ser acicate para prestarlo con todas las garantías técnicas y legales necesarias”, que parece no terminar de observar en este caso. Así, aunque con todo listo para saldar al menos las deudas con la actual compañía eléctrica, queda aún en el tejado del equipo de Gobierno la resolución final que permitirá, o no, ver la luz al final de este nuevo túnel político y técnico en la mayor institución pública de la provincia.

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